¡Escuchemos al profesorado!
Un mensaje que la sociedad no puede seguir ignorando
El profesorado está enviando un mensaje a la sociedad y parece que no queremos verlo. Un mensaje nítido, claro y transparente: ¡Así no se puede seguir!
Esta semana ha sido el profesorado de la Comunidad Valenciana quien, en una huelga indefinida sin precedentes en la historia reciente de la comunidad autónoma, ha puesto el foco en la necesidad de introducir mejoras en el sistema educativo y sí, incluidas las mejoras retributivas, después de años en los que la administración educativa valenciana no ha movido un dedo por ellas.
Todo empezó el lunes, aunque el asunto viene de mucho antes. El profesorado secundó la huelga como nunca se había visto, garantizando unos servicios mínimos que, en el caso de bachillerato, tampoco se habían visto nunca, y confluyendo con una manifestación multitudinaria en las calles de Valencia el pasado viernes. Ese fue el punto de inflexión que hizo que las movilizaciones (con repercusión autonómica y sectorizada según los medios) se colarán, ahora sí, en los medios de comunicación nacionales, aunque en las redes sociales ya íbamos viendo que el movimiento iba a más. Y ese «ir a más» no es casualidad: es el reflejo de un hartazgo que quienes están en las aulas llevan acumulando demasiado tiempo en silencio. No son los únicos: en Cataluña continúan con las movilizaciones en las que las reivindicaciones, con matices autonómicos, tienen el mismo fondo.
No es la primera vez que los docentes nos envían este mensaje. Hace ahora un año empezó por el norte, con las movilizaciones del profesorado cántabro, y tuvo su máxima expresión en lo que sucedió en el Principado de Asturias, donde la presión llegó a provocar la dimisión de la entonces Consejera de Educación.
La cuestión es que se vuelve a repetir la misma secuencia porque las reivindicaciones son más o menos similares: más dotación de recursos humanos a los centros, especialmente en materia de atención a la diversidad; reducción de la carga burocrática que ha convertido la enseñanza en un procedimiento administrativo más, cuando el aprendizaje del alumnado no se produce por un flujo ordenado como cualquier expediente; reducción de las ratios, porque aunque está en trámite el proyecto de ley para su blindaje (algo que demuestra la idoneidad de esta norma) en la Comunidad Valenciana hay centros al límite; recuperación de puestos de trabajo eliminados, que afectan principalmente a las Escuelas Oficiales de Idiomas y la Formación Profesional; reducción del tiempo de cobertura de las sustituciones; un plan de mejora de las edificaciones escolares (asunto común en todas las comunidades autónomas, con unas infraestructuras educativas envejecidas) y, por supuesto, una mejora de las condiciones retributivas que en la Comunidad Valenciana se arrastra desde hace demasiados años.
Son reivindicaciones justas. Justas para la sociedad entera. Y quienes las reivindican saben bien de qué hablan, porque las viven cada día: en el aula que se les llena hasta los bordes, en las tardes que pasan rellenando papeles en lugar de preparando clases, en la baja que tarda días en cubrirse mientras sus compañeros y compañeras absorben el golpe, en el edificio que no tiene la potencia eléctrica necesaria que permitiese dotar de aparatos de aire acondicionado para las aulas y en la nómina que no ha crecido al ritmo que sí lo ha hecho el coste de vida.
Sin duda, son reivindicaciones que van en beneficio de toda la sociedad, incluida la legítima mejora salarial, pese a que sea a ella a la que se quiere reducir el foco de las movilizaciones para generar esa imagen social, tantas veces injusta, de que el profesorado solo se mueve por dinero. Es algo rotundamente falso. El salario de un docente requiere dignidad acorde con las funciones que desempeña y con la situación económica actual, pero sobre todo hay que recordar que quienes ejercen y defienden un derecho fundamental recogido en la Constitución española, el derecho a huelga, están defendiendo la democracia misma. Y eso hay que hacerlo sin complejos, como sucede en otros sectores laborales donde la sociedad en su conjunto se solidariza con reivindicaciones salariales, pero con el profesorado parece que hay que decirlo con la boca pequeña. ¡Fuera complejos!
Lo normal es que el movimiento, con el paso de los días, vaya a menos, que se consigan algunas cosas de forma más o menos inmediata y que otras se negocien en un horizonte temporal. No ser consciente de que todas las reivindicaciones no se van a conseguir de golpe es también vivir en una realidad paralela. Vendrán días en los que la presión mediática irá a más para construir una imagen del profesorado insolidaria, como si movilizarse ahora fuese un capricho y no la consecuencia lógica de años ignorados. Esa narrativa es tan vieja como injusta, y hay que estar preparados para ella.
Esta semana hay una nueva huelga del personal médico. Ya he perdido la cuenta de las que llevan. Afectará a citas de especialistas programadas desde hace tiempo, a intervenciones quirúrgicas necesarias para quienes llevan mucho esperando, a la tramitación de bajas laborales. Sin embargo, ¿veremos la misma denigración social hacia esos empleados públicos que ya estamos viendo aparecer sobre el profesorado? Probablemente no. Y esa asimetría dice mucho de cómo seguimos mirando (o dejando de mirar) a quienes sostienen la educación pública de este país.
¡Fuera complejos! La educación, como la sanidad, es un servicio público esencial. Escuchar a quienes la ejercen es lo mínimo que podemos hacer quienes creemos que la escuela pública es un pilar irrenunciable del estado del bienestar y el medio más poderoso que tenemos para que todos los niños, niñas y jóvenes puedan tener las mismas oportunidades con independencia de su procedencia social. Pero eso requiere unas condiciones dignas. En todos los sentidos.
Gracias, una semana más, por dedicar parte de tu tiempo a leerme.
Besos y abrazos,
Fran Nortes